Hispana es acusada de mentir sobre su ciudadanía para trabajar en California

Una mujer mexicana fue acusada de mentir sobre su ciudadanía estadounidense para trabajar más de 30 años en una empresa aeroespacial contratista del Ejército de Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) del Distrito Central de California confirmó el arresto este viernes 18 de septiembre.

Quién es la mujer acusada de fraude de identidad en California

La acusada fue identificada como Alma Patricia Contreras Villafana, de 54 años y residente de Los Ángeles. Según el DOJ, mintió en un formulario de autorización de empleo en una fábrica del sur de la Bahía al declararse ciudadana estadounidense.

La Fiscalía Federal de Los Ángeles confirmó el arresto en su cuenta oficial de X. «Extranjera ilegal de México y empleada de una fabricante aeroespacial del sur de la Bahía fue arrestada por una acusación federal que la señala por fraude, falsas declaraciones de ciudadanía estadounidense y robo de identidad», publicó la oficina.

Los cargos federales que enfrenta por fraude de identidad

Contreras Villafana enfrenta cinco cargos de fraude electrónico y uno por el uso de un certificado de naturalización falso. También se le imputó un cargo de robo de identidad agravado y otro por declaración falsa de ciudadanía estadounidense.

Según la acusación formal, presentada ante un gran jurado federal, la mujer obtuvo empleo en una empresa de Torrance en diciembre de 1996. En ese momento, declaró en el Formulario I-9 —el documento que verifica la autorización de empleo en Estados Unidos— que era ciudadana estadounidense.

El DOJ precisó que Contreras Villafana es una persona indocumentada procedente de México. Un juez de inmigración había ordenado su deportación en 2003, orden que, según la acusación, nunca se ejecutó.

Marco legal vigente: El Formulario I-9 es el documento que toda empresa en Estados Unidos debe usar para verificar la identidad y la autorización de empleo de sus trabajadores, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Presentar una declaración falsa de ciudadanía en ese formulario constituye un delito federal, independientemente del tiempo que la persona lleve trabajando bajo esa identidad.

Cómo continuó el presunto fraude durante más de tres décadas

En enero de 2026, la mujer volvió a presentar un Formulario I-9 con la misma declaración falsa de ciudadanía. Esta vez, según el DOJ, usó un número de certificado de naturalización que pertenecía a otra persona para mantener su empleo.

Entre diciembre de 1996 y septiembre de 2026, Contreras Villafana recibió 1,402,459 dólares en pagos por su trabajo en ambas empresas. Los pagos incluyeron depósitos directos a su cuenta bancaria durante ese periodo de tres décadas.

El caso pone en evidencia las brechas que pueden existir entre el sistema de verificación laboral y el seguimiento de órdenes de deportación pendientes. Empresas que trabajan con el Ejército suelen aplicar controles adicionales de seguridad, lo que hace notable la duración del presunto fraude.

Las penas que podría enfrentar si es declarada culpable

De ser declarada culpable, Contreras Villafana podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal por cada cargo de fraude electrónico. El cargo por uso de un certificado de naturalización falso conlleva una pena máxima de 10 años adicionales.

La declaración falsa de ciudadanía estadounidense podría sumar hasta tres años más de prisión federal. El cargo de robo de identidad agravado incluye una pena consecutiva obligatoria de dos años, que se suma a cualquier otra sentencia.

Contreras Villafana debía comparecer este lunes por primera vez ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. El DOJ recordó que una acusación formal es solo una alegación y que la acusada se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.

Qué implica este caso para otros trabajadores indocumentados

Este tipo de casos suele generar preocupación entre familias con estatus migratorio irregular que trabajan bajo documentos ajenos o alterados. Un abogado de inmigración acreditado puede orientar sobre las opciones legales disponibles antes de que una situación similar escale a cargos federales.

El proceso judicial contra Contreras Villafana continuará en las próximas semanas ante el tribunal federal de Los Ángeles. Mantenerse informado sobre el desarrollo del caso, a través de fuentes oficiales como el DOJ, será clave para entender sus implicaciones legales.