Denuncian condiciones severas en centro de detención de Texas

Familiares de inmigrantes venezolanos denunciaron una protesta violenta iniciada el sábado en Camp East Montana, el centro de detención migratoria más grande de Estados Unidos, ubicado en Fort Bliss, El Paso, Texas. Los reclusos habrían protestado por presuntos tratos crueles, falta de atención médica y prolongada incertidumbre sobre sus procesos de deportación.

N+ Univision conversó con familiares de dos detenidos venezolanos, quienes relataron los hechos y la posterior incomunicación que enfrentan los internos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha negado sistemáticamente denuncias similares en el pasado, calificándolas de «categóricamente falsas».

Una llamada desde el baño en plena revuelta

Según el relato de Yorgelis, esposa de un interno venezolano, los hechos se intensificaron el lunes alrededor de las 3:00 p.m. Su esposo logró hacer una llamada urgente desde el área de sanitarios del recinto, en medio de lo que describió como una situación fuera de control.

«Mi esposo me llamó desde el baño y me dijo: ‘Aquí hay ahora mismo una revolución, está todo esto vuelto una locura, ¿qué está sucediendo? Por favor, graba, necesitamos que nos ayuden y difundan lo que pasa'», relató Yorgelis. Un recluso logró ocultar una tableta electrónica entre las sábanas de su celda pese a que el personal ya las había decomisado, y ese dispositivo permitió las últimas comunicaciones antes de perderse la señal.

Las familias temen ahora que los detenidos hayan sido agredidos físicamente tras la interrupción de las comunicaciones. Según los relatos recabados por los propios internos antes de perder sus dispositivos, al menos 14 reclusos presentan contusiones en rostro, ojos, brazos y piernas.

Versiones encontradas sobre el origen de la violencia

«Los tienen incomunicados en un calabozo. Intentan poner en el informe oficial que ellos mismos se golpearon entre sí durante la pelea, pero la información que nos llega de los propios detenidos es que la guardia los golpeó salvajemente», señaló María, esposa de otro detenido recientemente trasladado al centro.

Esta no es la primera denuncia de este tipo contra la instalación. Un informe conjunto de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) documentó agresiones severas por parte de guardias, negligencia médica y hacinamiento en Camp East Montana desde su apertura en agosto de 2025. El centro ha registrado tres muertes de detenidos, una de las cuales fue clasificada como homicidio por el médico forense del condado de El Paso.

ICE ha rechazado reiteradamente estas acusaciones. En un comunicado a Al Jazeera, la agencia afirmó que «ningún detenido está siendo golpeado o maltratado» y que los internos tienen acceso a alimentos, atención médica, asesoría legal y comunicación con sus familias.

El marco legal que protege a los detenidos

La ley migratoria estadounidense garantiza a toda persona bajo custodia de ICE el derecho a recibir atención médica adecuada, alimentación suficiente y comunicación con sus abogados y familiares. Estas protecciones están contempladas en los estándares nacionales de detención de la propia agencia, así como en tratados internacionales de derechos humanos que Estados Unidos ha ratificado.

Un informe de un organismo de vigilancia gubernamental encontró que este centro no emitió reportes obligatorios de uso de fuerza y desperdició decenas de millones de dólares en contratos apresurados. Estas conclusiones oficiales respaldan parcialmente los patrones de negligencia que describen los familiares entrevistados.

El agotamiento psicológico por promesas incumplidas de deportación es otro eje central de las protestas.

Negligencia médica y alimentación deficiente

Los familiares también denunciaron condiciones de habitabilidad precarias. Afirman que la comida es de mala calidad y excesivamente picante, lo que perjudica a detenidos con afecciones gastrointestinales previas.

El esposo de Yorgelis padece problemas en la vesícula, condición médica ya reportada al personal sanitario del centro. Según su testimonio, la única respuesta del personal médico fue: «O te la comes o pasas hambre». El hombre presenta actualmente fiebre y dolores corporales, pero solo recibió una pastilla de paracetamol sin diagnóstico adicional.

El esposo de María fue arrestado hace cuatro meses en Utah mientras trabajaba como repartidor. Aunque cuenta con una orden judicial de expulsión firmada desde el 12 de agosto, tras renunciar voluntariamente a su proceso migratorio, las autoridades no han ejecutado su retorno. «Solo nos dicen que la siguiente semana, y siguen alargando el proceso sin respuestas concretas», lamentó su esposa.

El temor de las familias a contactar a las autoridades

Consultada sobre si intentó comunicarse con las líneas oficiales de ICE, Yorgelis reconoció el miedo que sienten las familias de los detenidos. «Me da miedo. Lo intenté una vez, pero me piden mi domicilio exacto, mi número de A-Number y toda mi información personal», explicó, refiriéndose al identificador único que asigna el gobierno a cada expediente migratorio.

Ante la falta de respuestas institucionales, los familiares están organizando grupos en plataformas de mensajería para articular ayuda legal y recopilar pruebas.