California: DHS compra dos centros de detención migratoria

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) adquirió dos centros de detención de inmigrantes en California. La operación marca un giro relevante en la estrategia migratoria federal dentro del estado. El DHS destinó 1,500 millones de dólares a la compra del California City Detention Facility y el Otay Mesa Detention Center. Con esto, reforzó su infraestructura para la retención de migrantes. En California, las alianzas con organismos locales son limitadas. Por eso, esta adquisición representa una vía distinta para asegurar espacio de detención dentro del estado.

Dos instalaciones de alta capacidad cambian de manos

La operación fue oficializada por la empresa penitenciaria CoreCivic. Con ella, se reconfigura la relación entre el sector público y privado en la gestión de detención migratoria. El California City Detention Facility cuenta con 2,560 camas. El Otay Mesa Detention Center, ubicado en San Diego, tiene 1,994 plazas disponibles para detenidos. Ambas instalaciones estaban bajo gestión de CoreCivic. Pasaron a manos federales el 2 de julio, según informó Los Angeles Times. La compañía, con sede en Tennessee, prevé ingresos netos de 1,100 millones de dólares tras impuestos y gastos de la venta.

CoreCivic defiende el proceso de venta

Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, aseguró que este tipo de transacciones no resulta inusual dentro del sector. Afirmó que el proceso se caracterizó por rigor e integridad. Según Gustin, la tasación fue realizada por peritos independientes. Esto se hizo conforme a lo exigido por el gobierno federal, para garantizar un valor justo de mercado. La empresa confirmó además que mantiene negociaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Buscan vender otras instalaciones, aunque esas gestiones siguen en fases preliminares.

Los contratos operativos seguirán vigentes por años

Pese al cambio de propietario, CoreCivic continuará administrando ambos complejos. Lo hará bajo los contratos existentes con ICE, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. El contrato de California City permanece vigente hasta agosto de 2027. El de Otay Mesa se extiende hasta diciembre de 2029, con opción de prórroga por cinco años más. Patrick Swindle, director ejecutivo de CoreCivic, afirmó que la operación refleja el valor de la cartera inmobiliaria de la empresa. Destacó su papel como proveedor de soluciones flexibles para el gobierno.

Fondos federales impulsaron la expansión

La disponibilidad de fondos para esta compra proviene de la ley fiscal impulsada por la administración Trump. Esa norma asignó 170,000 millones de dólares al DHS. Un portavoz del departamento explicó que estos recursos permitieron a ICE expandir su espacio disponible. Buscan así cumplir con la promesa presidencial de intensificar las deportaciones. El funcionario señaló que, a diferencia de Florida y Oklahoma, ICE no puede depender de socios estatales en California. Por eso, la propiedad directa se volvió una alternativa necesaria.

Una respuesta a las restricciones estatales

La adquisición también se interpreta como respuesta a las restricciones regulatorias impuestas en California. El estado ha impulsado normas para prohibir o encarecer el funcionamiento de prisiones privadas. El portavoz de DHS explicó que la propiedad federal de los centros surge frente a esa ofensiva legislativa. Sostuvo que, bajo titularidad federal, ICE conserva su capacidad para arrestar y retener migrantes. Esta lógica también fue defendida por George Zoley, director ejecutivo de GEO Group. Durante la presentación de resultados trimestrales, aseguró que la propiedad federal otorga mayores protecciones frente a litigios estatales.

Críticas de defensores de derechos humanos

El traspaso de la propiedad a manos federales generó críticas entre defensores de derechos humanos. Consideran que busca eludir la supervisión estatal y local sobre estos centros. En el pasado, California intentó expulsar a los operadores privados mediante una ley aprobada en 2020. Sin embargo, esa norma fue revocada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Posteriormente, las autoridades estatales diseñaron mecanismos de control. Facultaron al Departamento de Justicia de California para monitorear e investigar las condiciones dentro de los centros migratorios.

Denuncias por maltrato y exigencias de transparencia

Actualmente, California cuenta con ocho centros de detención de ICE. En conjunto, pueden albergar cerca de 9,000 personas bajo custodia migratoria. Los centros de California City y Otay Mesa han enfrentado demandas de detenidos por presunto maltrato. CoreCivic rechazó las acusaciones y aseguró cumplir con todas las regulaciones aplicables. Más de 300 personas firmaron cartas de queja, según la California Collaborative for Immigrant Justice. El senador Alex Padilla afirmó que sus inspecciones evidenciaron condiciones inaceptables para inmigrantes sin antecedentes de peligrosidad. Padilla remarcó que las expectativas de transparencia y trato humano deben mantenerse, sin importar si la gestión es privada o federal. La adquisición redefine así la política de detención migratoria y amplía el debate sobre la supervisión y los derechos de los migrantes bajo custodia en Estados Unidos.