Arizona: Corte Suprema elimina la Proposición 212 — qué significa

La Corte Suprema de Arizona sacó de la boleta de noviembre la Proposición 212. Esta medida buscaba reformar el programa de vouchers para educación privada, uno de los más costosos y polémicos del estado.

Los promotores de la iniciativa, conocida como Protect Education Act, entregaron casi 420,000 firmas a la Secretaría de Estado en julio. Pese a esa cifra, una revisión exhaustiva determinó que no alcanzaron las firmas válidas necesarias para avanzar.

El fallo, emitido el martes, pone fin a meses de disputa legal sobre cómo contar firmas duplicadas. La decisión también sentencia un segundo intento consecutivo de reformar el sistema de becas escolares más grande de Arizona.

Cómo se llegó al conteo final

La Secretaría de Estado, encabezada por Adrian Fontes, determinó que unas 389,000 de las firmas entregadas eran elegibles para verificación. Un muestreo aleatorio del 5% de esas firmas arrojó una tasa de validez del 75.2%, aplicada por los 15 condados del estado.

Ese porcentaje se proyecta sobre el total de firmas elegibles, en lugar de revisar cada una manualmente. La Proposición 212 necesitaba al menos 255,949 firmas válidas para calificar en la boleta de noviembre.

Un tribunal de primera instancia descalificó decenas de miles de firmas por duplicación durante el litigio. Tras ese fallo, ambas partes acordaron que el mínimo de firmas válidas rondaba las 317,000, con un máximo cercano a 352,000, antes de aplicar la tasa de validez.

El fallo que decidió la disputa

La Corte Suprema de Arizona respaldó el método usado por el juez de primera instancia para invalidar firmas duplicadas. Los jueces rechazaron el argumento de los promotores de que el cálculo penalizaba dos veces las mismas firmas descalificadas.

Con la fórmula avalada por los magistrados, los abogados de ambos bandos coincidieron en que la iniciativa quedó short por unas 12,000 firmas. El abogado Kory Langhofer, quien representó a los demandantes, estimó el conteo final en unas 240,000 firmas válidas.

La jueza principal, Ann Scott Timmer, ordenó que el caso regrese al tribunal inferior. Allí se aplicará formalmente la tasa de validez para confirmar el número definitivo, aunque el resultado práctico ya está claro: Prop. 212 no llegará a los votantes.

Qué buscaba cambiar la propuesta

La Proposición 212 habría impuesto un límite de ingresos de $150,000 dólares anuales por hogar para participar en el programa de Cuentas de Beca Empoderamiento (ESA, por sus siglas en inglés). También habría exigido devolver a las escuelas públicas el dinero no utilizado en las cuentas.

La medida buscaba, además, endurecer los controles contra el mal uso de fondos. Habría requerido que las escuelas que reciben pagos por vouchers cumplieran con ciertos estándares educativos y de seguridad.

El programa ESA de Arizona pasó de 144 participantes en 2011 a casi 103,000 estudiantes en el año fiscal 2026. Su gasto anual ya supera los $1,000 millones de dólares, equivalente a casi 8% del gasto combinado de educación pública en el estado.

La otra propuesta que también cayó

La Corte Suprema resolvió simultáneamente el destino de la Proposición 145, una medida paralela impulsada por sectores conservadores. Esa iniciativa habría bloqueado tanto la Prop. 212 como futuros intentos de reformar el programa de vouchers.

Al quedar fuera de la boleta la Prop. 212, la Prop. 145 pierde su razón de ser práctica. Ambas propuestas dependían una de la otra en el tablero legislativo de noviembre, por lo que los votantes de Arizona no decidirán este año sobre ningún cambio al sistema de becas escolares.

Esta es la tercera vez consecutiva que Save Our Schools Arizona, la organización detrás de intentos previos de reforma, no logra llevar su propuesta a las urnas. El Instituto Goldwater, que defiende el programa de vouchers, celebró el fallo como una victoria para las familias que ya usan el sistema.

Lo que sigue para las familias de Arizona

Sin la Proposición 212, el programa ESA seguirá operando sin límites de ingresos ni las nuevas restricciones de supervisión propuestas. Las familias que ya reciben fondos seguirán haciéndolo bajo las reglas actuales, sin cambios inminentes en el corto plazo.

Los montos anuales del programa oscilan entre $4,700 y $47,500 dólares por estudiante, según el tipo de necesidades educativas. La Oficina de Presupuesto Legislativo de Arizona proyecta que la inscripción podría llegar a 113,602 estudiantes durante el próximo año fiscal.

El debate sobre el futuro de los vouchers en Arizona no termina con este fallo. Legisladores demócratas y sindicatos de maestros ya evalúan estrategias legales y legislativas distintas para el próximo ciclo electoral, mientras defensores del programa insisten en que su crecimiento demuestra la demanda real de las familias por opciones educativas alternativas.