ALERTA: Confirman número mínimo de detenidos en centro de ICE en California

Las obras del proyecto de instalación del ICE cerca de Gilroy permanecen paralizadas. Un tribunal debe resolver primero una demanda presentada por California y el condado de Santa Clara contra el Departamento de Seguridad Nacional.

Según la declaración oficial más detallada publicada hasta ahora, funcionarios federales afirman que el centro albergará normalmente a unos 10 detenidos. La cifra aparece en nuevos documentos judiciales presentados la semana pasada como respuesta a la demanda que busca bloquear las instalaciones.

El espacio de detención se usará únicamente para retener y procesar temporalmente a ciudadanos extranjeros en procedimientos migratorios, según el escrito federal. Esa afirmación contradice directamente las estimaciones que manejan las autoridades estatales y del condado.

Una disputa sobre la capacidad real del centro

La demanda del condado y el estado describe la instalación como un proyecto con serias preocupaciones medioambientales. Los documentos federales califican esa demanda como un texto de 800 páginas lleno de suposiciones cuestionables.

El fiscal general de California, Rob Bonta, y el asesor jurídico del condado, Tony LoPresti, sostienen que el centro podría albergar hasta 150 detenidos. Los abogados federales rechazan esa cifra, aunque dejan una puerta abierta importante.

Según su propio escrito, la capacidad máxima de las instalaciones se determinará una vez finalizada la remodelación. Esa ambigüedad alimenta la desconfianza entre activistas y funcionarios locales sobre el verdadero alcance del proyecto.

Qué construcción se planea y por qué corre contra el reloj

Las revelaciones sobre el centro, reportadas por primera vez en mayo, generaron preocupación en toda el Área de la Bahía. Muchos temen que ICE prepare una expansión local de la campaña de deportación masiva de la administración Trump.

Planos obtenidos posteriormente detallaron áreas de procesamiento de detenidos, salas de entrevistas y zonas de espera dentro del complejo. Según la documentación más reciente, las obras añadirían espacio de oficinas a un edificio ya existente.

El proyecto también contempla una esclusa de seguridad para acceder a una zona de espera al aire libre y una valla perimetral. ICE confía en esta instalación, ubicada en 7240 Holsclaw Road, para reforzar sus operaciones locales de control migratorio.

El documento advierte que un retraso en la construcción podría interrumpir las operaciones migratorias en la zona. El contrato de arrendamiento de la oficina actual del ICE en Morgan Hill vence a finales de este mes.

La demanda, presentada en junio, alega que el gobierno federal eludió leyes ambientales y normas de zonificación local para impulsar el proyecto. Una audiencia sobre la solicitud de medida cautelar está programada para el 8 de septiembre en el tribunal federal de San José.

Los funcionarios federales ya acordaron detener temporalmente los trabajos hasta esa fecha. Representantes de Bonta y LoPresti expresaron confianza en el resultado de la demanda ante San José Spotlight, calificando el enfoque federal como una estrategia de actuar primero y pensar después.

Contaminación, secreto y respuesta de los activistas

Los abogados federales argumentan que el proyecto debería estar exento de evaluaciones ambientales completas. La parcela de 25 acres ya alberga un edificio de oficinas, y la instalación propuesta no cambiaría significativamente el uso del terreno, según su posición.

La demanda original alega que décadas de investigación agrícola en el sitio dejaron probablemente materiales peligrosos. Los funcionarios federales responden que no existe evidencia de contaminación activa. También cuestionan por qué las autoridades locales esperaron hasta ahora para actuar, si la amenaza era tan grave.

Funcionarios estatales y del condado sostienen además que el proyecto avanzó en secreto, violando leyes federales de consulta local. Sin embargo, la demanda revela que un agente de arrendamiento del propietario, vinculado a Elmwood Capital Group, contactó al condado a inicios de 2023 para consultar sobre el arrendamiento del terreno al gobierno federal. Según la versión federal, los propios funcionarios del condado respondieron entonces que no habría problemas de zonificación para ese uso.

La Coalición ICE Fuera de Gilroy mantiene un fuerte escepticismo sobre las cifras oficiales. Huy Tran, director ejecutivo de Services, Immigrant Rights and Education Network, dijo a San José Spotlight que no cree que el centro solo albergue a diez personas a la vez.

Según Tran, la forma en que opera el Departamento de Seguridad Nacional sugiere un patrón distinto. Su lema, afirmó, parece ser que si construyen la instalación, terminarán llenándola por completo.

Este tipo de desconfianza no es aislada. Comunidades similares en otras partes del país han denunciado expansiones graduales de centros de detención que comenzaron con capacidades reducidas. La coalición local exige mayor transparencia antes de que avance cualquier obra adicional en el terreno de Holsclaw Road.

Para las familias hispanas del Área de la Bahía, el desenlace judicial del 8 de septiembre resulta clave. Definirá si el proyecto de Gilroy avanza como un centro reducido de procesamiento o se convierte en una instalación de mayor escala. Mientras tanto, la paralización actual de las obras ofrece un respiro temporal a quienes se oponen al proyecto.