Houston descarta investigar muerte de migrante a manos de ICE

Houston no abrirá una investigación propia sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araújo, el mexicano que murió tras recibir un disparo de un agente de ICE en Magnolia Park. El alcalde John Whitmire confirmó la decisión durante la sesión del Concejo Municipal del miércoles. Whitmire explicó que la ciudad carece de facultades para investigar a agentes federales. Dijo que no puede haber dos investigaciones paralelas cuando una de ellas no tiene jurisdicción sobre el caso. La Policía de Houston no participó en el operativo que terminó con la vida de Salgado Araújo.

El alcalde calificó el hecho como una tragedia. Aseguró que apoya el reclamo de la familia y de la comunidad para que exista una investigación transparente y creíble. Aclaró, sin embargo, que esa revisión debe salir del ámbito federal, no del municipal. Whitmire insistió en que mantiene comunicación constante con legisladores federales de Texas. Dijo que su oficina insiste ante ellos en la necesidad de una pesquisa transparente. También reconoció el impacto emocional del caso, especialmente entre los jóvenes de la comunidad.

El alcalde defendió además el desempeño del Departamento de Policía de Houston durante el operativo. Destacó la capacitación de los oficiales locales y las políticas del jefe Noé Díaz. Según explicó, ni siquiera en persecuciones recientes vinculadas a ICE intervino la corporación municipal.

La familia exige respuestas

Familiares, legisladores y organizaciones civiles mantienen la presión para que el caso se esclarezca. Piden una pesquisa distinta a la que ya realizan el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI, a quienes acusan de falta de transparencia. Según la versión oficial del DHS, los agentes intentaban detener a Salgado Araújo por su situación migratoria irregular. Sostienen que el conductor ignoró las órdenes y usó su vehículo para intentar embestir a los oficiales. Esa versión sigue sin comprobación independiente.

La familia rechaza ese relato. Su hijo, Roberto Salgado, contó que su padre iba camino al trabajo junto a tres compañeros de construcción cuando fue rodeado por patrullas sin identificación visible. Cree que su padre pudo pensar que se trataba de un asalto, no de un operativo migratorio.

Se enteraron por redes sociales

Roberto relató que vio un video en Facebook cerca de las 8 de la mañana del martes. Ahí reconoció la voz y la camioneta de su padre. Se trasladó al lugar, pero el área ya estaba acordonada y las autoridades no le dieron información. La familia supo que Salgado Araújo había sido hospitalizado solo gracias a organizaciones comunitarias y políticos locales que los contactaron. Se enteraron de su muerte después, a través de reportes de prensa. LULAC pidió la divulgación de las grabaciones de cámaras corporales y de toda la evidencia reunida hasta ahora.

Voces del Congreso se suman al reclamo

El líder del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, exigió que la familia conozca toda la verdad. Pidió que haya rendición de cuentas si se confirma un uso indebido de la fuerza por parte del agente.

La congresista Sylvia García también criticó al Gobierno federal. Señaló que las autoridades difundieron su versión de los hechos antes de notificar formalmente a los familiares de la víctima. Consideró que ese orden refleja una falta de consideración hacia quienes perdieron a un ser querido.

Ambos legisladores respaldan el llamado de LULAC y de otras organizaciones civiles para que se abra una investigación realmente independiente. Insisten en que la confianza pública solo puede recuperarse con acceso completo a las pruebas del caso.

Un debate sobre jurisdicción y confianza pública

Un concejal y exfiscal, Julian Ramírez, explicó que en estos casos las autoridades locales suelen quedar fuera de la investigación principal. Dijo que las agencias federales controlan la escena y la evidencia, y solo comparten lo que consideran conveniente.

La fiscalía del condado de Harris confirmó que realiza una revisión paralela a la investigación federal. Sin embargo, reconoció que hasta ahora las autoridades federales manejan de forma exclusiva todos los aspectos del caso. Eso limita el margen de acción de las instancias locales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, había amenazado meses atrás con retirar fondos de seguridad pública a Houston. La razón fueron políticas que, según él, limitaban la cooperación policial con ICE. Ese antecedente complica aún más la postura de la ciudad frente al caso actual.

Un patrón que se repite en el país

Salgado Araújo se suma a una lista de personas muertas este año a manos de agentes de inmigración en Estados Unidos. Entre ellas están dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, baleados durante un operativo en Minnesota en enero.

En esos casos, las investigaciones derivaron en enfrentamientos entre la justicia estatal y las autoridades federales. Las entidades locales buscaron abrir pesquisas independientes, mientras el Gobierno federal insistió en mantener el control exclusivo de la información.

Mientras tanto, en Houston, el caso de Salgado Araújo sigue bajo revisión exclusiva del FBI y del inspector general del DHS. La familia espera que, a diferencia de otros episodios similares, esta vez se conozcan realmente todos los hechos.

El propio Whitmire pidió cautela en el tratamiento público del caso. Consideró lamentable que algunos sectores politicen la tragedia. Llamó a los medios a mantener precisión y a no exacerbar la tensión que ya existe en la comunidad.

Por ahora, ningún agente de ICE ha sido identificado públicamente ni enfrenta cargos formales. El FBI tampoco ha anunciado una fecha estimada para cerrar su investigación. La familia de Salgado Araújo continúa a la espera de una respuesta oficial que consideren confiable.